Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía

3 octubre, 2017

Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según las conclusiones más recientes del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA), el pueblo andaluz cree que la política es uno de los problemas más graves de la comunidad, junto a cuestiones como la corrupción. A nivel personal, las personas encuestadas también señalan al gobierno, los políticos, los partidos y la clase política como algunos de sus principales problemas. Esta situación es dramática, porque instala en la sociedad el discurso de que la política no es un mecanismo de convivencia colectivo por el que se resuelven los problemas individuales de las personas. En otras palabras, se puede afirmar que la desconfianza en la política supone un riesgo grave que amenaza la resolución democrática de los conflictos.

Este preocupante clima social de desafección política debe servir como llamamiento a la reforma de las instituciones. La persona que ejerce la representación política debe tener a su disposición los recursos que sean necesarios para el desarrollo de sus tareas. Sin embargo, esta premisa no puede convertirse en la excusa perfecta para justificar el acceso a prerrogativas que nada tienen que ver con los derechos y condiciones de vida de la ciudadanía o de las personas que trabajan en la función pública. Se debe incidir en que, en muchas ocasiones, no hay motivos que justifiquen el trato diferenciado que se da a un diputado o diputada con respecto al resto de la población.

Eliminar estos privilegios es una medida de regeneración y dignificación de la política, que siempre debe ser entendida como una actividad altruista. La representación de la ciudadanía será mejor y más fiel cuando quien realiza esa función tenga condiciones materiales similares a las del colectivo representado. Estos son los principales motivos que fundamentan la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía que se presenta a continuación.

En primer lugar, con esta modificación reglamentaria se exige la justificación de todos los gastos indemnizables realizados por el diputado o diputada para el ejercicio de su función representativa. Además, como medida de transparencia, los detalles de estos gastos serán publicados en el Portal de Transparencia de la Cámara. Se acaba así con una situación anómala derivada del anterior régimen económico del Parlamento de Andalucía. Antes de esta reforma, se indemnizaba al diputado o diputada con una cantidad fija que dependía de su cargo o de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara, sin exigir una mínima justificación de los gastos o actividades desarrolladas y sin publicar esta información en el Portal de Transparencia. Por estos motivos, era posible que un miembro de la Cámara recibiese, como mínimo, unos 1.000 euros mensuales sin justificar por este concepto, que alcanzaba su máximo en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento y los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes podían percibir unos 2.500 euros mensuales sin necesidad de justificar ningún gasto.

Por tanto, con las medidas introducidas por esta reforma se eliminan anomalías que han provocado el malestar de la opinión pública. Incluso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo manifestó en 2015, en un auto de archivo de una querella contra un senador, que era necesaria una regulación suficientemente precisa de las indemnizaciones con fondos públicos a parlamentarios y parlamentarias, evitando las confusiones entre las funciones oficiales y los desplazamientos privados, ya que la confianza de la ciudadanía en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de Derecho.

En segundo lugar, esta reforma elimina el agravio que se producía al comparar las indemnizaciones de los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía con las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Junta de Andalucía. No había argumentos en los que sustentar este trato diferenciado. Mientras que las indemnizaciones de los parlamentarios y parlamentarias no necesitaban justificación y se concedían de forma fija, según se ha expuesto anteriormente, las indemnizaciones del personal de la Junta de Andalucía sí la exigen y tienen una cuantía asignada que varía según cada tipo de gasto: utilización de vehículo particular, alojamiento y manutención. Resulta llamativo también que, antes de la aprobación de esta iniciativa, el uso del automóvil propio por los diputados y diputadas para su asistencia a las sesiones parlamentarias se abonaba, en este caso sí previa justificación, a 0,25 € por kilómetro, es decir, 0,06 € por kilómetro más de lo previsto para el personal de la Junta de Andalucía.

El nuevo régimen de indemnizaciones establece unos límites diarios que toman como referencia los previstos en la normativa aplicable al personal de la Junta de Andalucía, con especial referencia al Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y a la Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio. Se fomenta también el uso de medios de transporte público y se promueve la austeridad, ya que solo se indemnizará con el importe del billete de la clase más económica cuando se viaje en un medio que oferte distintas categorías de billete. En el caso de los desplazamientos a la sede del Parlamento de Andalucía y de las actividades vinculadas al cargo que se realicen allí, se exige a los miembros de la Cámara que, cuando soliciten indemnización por los gastos derivados de esta actividad, acrediten su estancia en la sede citada mediante un sistema informático de registro de presencia. Este sistema ya existe en la actualidad para controlar la asistencia del personal al servicio de la Cámara, por lo que la implantación de esta medida no supone costes añadidos.

Como cláusula de cierre, se añade al artículo 8 del Reglamento de la Cámara un nuevo apartado en el que se fijan unos límites máximos semanales de las cantidades indemnizables. El propósito de estos límites es fomentar la contención en los gastos indemnizables de diputados y diputadas y garantizar, de esta forma, que se reduce el gasto público en estas cuestiones. Para establecer estas cantidades máximas se toma como referencia la cuantía de las indemnizaciones fijas semanales del régimen anterior a esta reforma, eliminando el trato privilegiado para miembros de la Mesa y portavoces de grupos parlamentarios, cuyas indemnizaciones eran las más altas y no tenían en cuenta el lugar de residencia. Las modificaciones descritas conllevan la modificación del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con el fin de dotar de rango reglamentario a las cuantías y otros aspectos básicos de la regulación de las indemnizaciones, de forma que estas no puedan ser modificadas por acuerdos de la Mesa de la Cámara que se alcanzan a puerta cerrada, sin debate público en una sesión plenaria.

Por otro lado, en este cambio normativo merecen una mención especial las asignaciones económicas temporales que perciben los diputados y diputadas al perder tal condición por extinción del mandato o renuncia, conocidas como «cesantías». Estas asignaciones existen porque los diputados y diputadas no tienen derecho a una prestación por desempleo tras finalizar su labor representativa. Con acierto, se considera que el Parlamento de Andalucía debe asumir el pago de unas cantidades que permitan la adaptación a la vida laboral o administrativa de quien deja de ser miembro de la Cámara. Sin embargo, la cuantía de estas cesantías es, a todas luces, desproporcionada: mientras que una persona desempleada puede recibir una prestación que, en los mejores casos, no supera los 1.400 euros mensuales en 2017, hasta ahora quien perdía la condición de diputado o diputada podía percibir más de 4.000 euros mensuales, según puede comprobarse en casos reales. Por ejemplo, en esta X legislatura se ha reconocido a un diputado el derecho a percibir una asignación económica temporal de 47.632,06 euros, con una asignación íntegra mensual de 4.437,77 euros durante 10 meses y 22 días.

Para corregir el régimen anómalo de las cesantías, se establece que deberán calcularse tomando como referencia el procedimiento para determinar las cantidades y la duración de la prestación contributiva que perciben las personas desempleadas, atendiendo a las distintas circunstancias familiares de cada diputado o diputada y respetando los máximos previstos en la normativa. Además, se introducen otras previsiones que intentan evitar que perciban estas cesantías quienes hayan sido condenados por su implicación en casos de corrupción. Asimismo, se incorporan al Reglamento materias que estaban parcialmente reguladas en disposiciones de rango inferior, ya que antes se recogían en acuerdos de la Mesa: las incompatibilidades para recibir la asignación temporal y la obligación de devolver cantidades que se hayan percibido de forma indebida.

Por último, se realiza otra modificación relacionada con las cesantías, tendente a garantizar que las asignaciones temporales que se reciben entre legislaturas se apliquen de forma correcta y no se conviertan en retribuciones fuera de control para quienes repiten como diputados y diputadas en el Parlamento de Andalucía. Antes de esta reforma, un diputado o diputada saliente podía recibir entre legislaturas, cuando la Cámara estaba disuelta, una cantidad muy similar a su retribución por ejercer el cargo, sin que el Parlamento de Andalucía considerara que estaba percibiendo una cesantía. Esta situación ha permitido que algunas personas hayan percibido sumas importantes de dinero en momentos en los que no ostentaban el cargo de diputados o diputadas pero sin que estas cantidades se les hayan computado como cesantías, por el simple hecho de que pocos meses después han vuelto a ocupar un escaño en la Cámara. Por razones de técnica legislativa, la nueva regulación de las cesantías se incluye como un nuevo apartado del artículo 8 del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Artículo único. Modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«Los miembros de la Cámara tendrán derecho a las retribuciones fijas y periódicas, así como a las indemnizaciones por gastos justificados que sean necesarios para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones. Para que estos gastos puedan ser indemnizados, deberán justificarse y acreditarse documentalmente, junto con una declaración responsable por escrito, antes del último día del mes posterior a aquel en el que se produzcan. La cuantía de las indemnizaciones diarias por alojamiento y manutención no podrá ser superior en ningún caso a las siguientes:

– Alojamiento: cuando la actividad realizada por el miembro de la Cámara para el desarrollo de sus funciones representativas le obligue a pernoctar fuera del domicilio habitual, se le indemnizará por este concepto con un máximo de 64,27 euros.

– Manutención pernoctando: cuando la actividad realizada por el miembro de la Cámara para el desarrollo de sus funciones representativas le obligue a realizar las dos comidas principales y pernoctar fuera del domicilio habitual y del día, se le indemnizará por este concepto con un máximo de 40,82 euros.

– Manutención sin pernoctar: cuando la actividad realizada por el miembro de la Cámara para el desarrollo de sus funciones representativas le obligue a realizar las dos comidas principales del día fuera de la residencia habitual, se le indemnizará por este concepto con un máximo de 26,67 euros.

– 1/2 manutención: cuando la actividad realizada por el miembro de la Cámara para el desarrollo de sus funciones representativas le obligue a realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la residencia habitual, se le indemnizará por este concepto con un máximo de 20,41 euros.

El uso del vehículo propio por los diputados y diputadas para el desarrollo de su actividad parlamentaria se indemnizará con 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóvil y 0,078 euros por el uso de motocicleta. Preferentemente, utilizarán para tales desplazamientos un medio colectivo de transporte público y tendrán derecho a recibir una indemnización igual al importe del billete. Si en un medio de transporte hubiera varios tipos de billete, se abonará como máximo el precio correspondiente a la clase más económica. En los casos en que se utilicen para el desplazamiento medios gratuitos de la Administración Pública o vehículos oficiales, no se tendrá derecho a recibir una indemnización por este concepto.

Los desplazamientos de un miembro de la Cámara a la sede del Parlamento de Andalucía para el desarrollo de sus funciones representativas que generen gastos por los que se solicite una indemnización se acreditarán mediante un sistema informático de registro de presencia en la sede del Parlamento de Andalucía.

Todas las indemnizaciones previstas en los párrafos anteriores que perciba cada diputado o diputada se publicarán en el Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía, con detalle pormenorizado de la cantidad, el concepto, la localidad y la fecha de cada uno de los gastos que las originan».

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, fijará cada año la cuantía de las retribuciones fijas y periódicas de los diputados y diputadas, dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias».

Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 8, con la siguiente redacción:

«Además de las limitaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, la cuantía de las indemnizaciones por gastos de los miembros de la Cámara tendrá los siguientes límites máximos semanales en función de la distancia entre la residencia habitual de cada diputado o diputada y la sede de la Cámara, excluyendo los gastos de desplazamiento por asistencia a las sesiones parlamentarias:

– De 0 a 100 km: 200 euros.

– De 101 a 200 km: 270 euros.

– De 201 a 300 km: 340 euros.

– Más de 300 km: 410 euros».

Cuatro. Se añade un apartado 6 al artículo 8, con la siguiente redacción:

«Los miembros de la Cámara podrán percibir, previa solicitud, una asignación económica temporal al perder la condición de diputado o diputada por extinción del mandato o por renuncia, que permita su adaptación a la vida laboral o administrativa. La cuantía mensual y la duración de esta asignación se calcularán según lo dispuesto en la normativa de las prestaciones contributivas por desempleo que sea aplicable a la población andaluza, atendiendo a los topes máximos y las distintas circunstancias familiares previstas en dicha normativa. La información sobre cada una de estas asignaciones se publicará en el Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía.

El derecho a dicha asignación económica, que será devengado mensualmente, decaerá en el momento en que, dentro del período en que se perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público.

La citada asignación económica será incompatible con la percepción de cualquier tipo de retribución o prestación económica a que se tuviese derecho como consecuencia del cese o término del desempeño de algún cargo, actividad o empleo público o privado desarrollado simultáneamente con el mandato parlamentario.

No podrán recibir esta asignación quienes hayan sido condenados con sentencia judicial firme por delitos contra la Administración Pública o delitos de corrupción en los negocios ni quienes hayan sido condenados con sentencia judicial firme por otros delitos con la pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público, excepto si han cumplido la condena.

Quienes, con arreglo a los párrafos anteriores, perciban cantidades indebidas tendrán la obligación de devolverlas. De no procederse a ello, por el servicio competente se instruirá expediente administrativo de reintegro, conforme a los preceptos generales de la Administración Pública.

Se computará como asignación económica temporal recibida aquella que, al extinguirse el mandato por expiración de su plazo o por disolverse la Cámara, perciba el diputado o diputada saliente que no forme parte de la Diputación Permanente si adquiriera nuevamente la condición de diputado o diputada en las elecciones inmediatamente siguientes. En este supuesto, los periodos por los cuales se haya percibido toda o parte de la asignación económica temporal a la que se tenga derecho serán descontados para el cálculo de las sucesivas asignaciones económicas temporales que, en su caso, se asignen posteriormente al diputado o diputada».

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas, solo en cuanto contradigan lo dispuesto en la presente norma, las disposiciones del Parlamento de Andalucía de menor rango al reglamentario que se refieran a las indemnizaciones por gastos de los diputados y diputadas y a las asignaciones económicas temporales.

Parlamento de Andalucía, 22 de junio de 2017.
La portavoz del G.P. Podemos Andalucía,
María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.

Descarga la Reforma del Reglamento