Sobre la condena a los presos saharauis del grupo Gdeim Izik

20 Julio, 2017

MARRUECOS COLOCA LA GUINDA AL PASTEL DE LA ESCALADA REPRESIVA CONTRA LAS MOVILIZACIONES PACÍFICAS Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Esta madrugada se ha conocido el fallo del Tribunal de Apelación de Salé relativo al juicio al que estaban siendo sometido los activistas saharauis detenidos tras el desmantelamiento brutal, en noviembre de 2010, del campamento de “Gdeim Izik” a las afueras de El Aaiun. La sentencia, de una dureza extrema, recoge veintitrés condenas. Siete condenas a cadena perpetua, cuatro a treinta años de prisión, seis de veinticinco años de prisión, tres de veinte años de prisión y tres personas que serán puestas en libertad, debido a que han recibido una condena menor al tiempo que ya habían permanecido en prisión, ya que se encuentran presas desde su detención a finales de 2010. Estas personas han sido condenadas por “violencia contra las fuerzas del orden, ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres”. Observadores internacionales presentes en el proceso judicial han calificado las penas como durísimas y han vuelto a insistir en la falta de pruebas que establezcan la conexión de las personas juzgadas con la autoría de los hechos por las que han sido condenadas. Se trata de una condena ejemplarizante que trata de mandar una señal clara al activismo saharaui en los territorios ocupados.

Tenemos que recordar que en estos años distintos colectivos han denunciado la sucesión continua de violaciones de los Derechos Humanos a las que han sido sometidas estas personas. Estas violaciones de derechos constan en los distintos informes que organismos internacionales independientes, como Amnistía Internacional o la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, han elaborado en estos años. Entre ellas se puede citar la detención arbitraria y estancia en prisión preventiva previa a juicio durante un periodo muy superior al establecido por la propia legislación marroquí, el sometimiento a un juicio militar plagado de circunstancias que imposibilitaron las garantías procesales mínimas, y los abusos y torturas a los que presuntamente han sido sometidas. Todo ello obviando la principal irregularidad procesal que es la aplicación a estos hechos, que acaecieron en los territorios ocupados, del derecho de la potencia ocupante de un territorio que, al ser territorio no autónomo según la Organización de Naciones Unidas, está sometido al Derecho Internacional Humanitario, que es el que se tendría que haber aplicado en este caso.

En otro orden de cosas, y en la otra punta del país, en la región del Rif, las autoridades marroquíes reprimen con total virulencia la movilización pacífica de los rifeños y las rifeñas que demandan mejoras sociales, medidas de lucha contra la corrupción y mayor participación en los recursos del territorio. Son ya más de 200 activistas detenidos, no solamente líderes del Movimiento Popular del Rif, sino simples manifestantes, activistas de redes sociales y periodistas locales. El pasado día 17 de Julio, cuarenta y ocho detenidos y detenidas que permanecen en prisión en espera de juicio en la cárcel de Ain Sbaa, cerca de Casablanca, decidieron iniciar una huelga de hambre indefinida. Lamentablemente las autoridades makhzenitas no cejan en el empeño de resolver el conflicto no mediante el diálogo sino usando métodos dictatoriales: Recientemente el gobernador de Alhucemas ha declarado prohibida la manifestación prevista en esta ciudad el próximo 20 de Julio.

Aunque pudieran parecer situaciones inconexas, ambas ponen de manifiesto la falta absoluta de escrúpulos por parte del régimen marroquí, a la hora de limitar el derecho a la movilización pacífica, proceder a detenciones arbitrarias, saltarse garantías procesales que salvaguarden los derechos de las personas enjuiciadas (por ejemplo, las personas detenidas pueden permanecer años en espera de juicio), torturar física y psicológicamente a las personas activistas y su entorno familiar e interferir en que tanto la población marroquí como la opinión pública mundial tenga libre acceso a información veraz acerca de estos atropellos.

Cuando Mohamed VI subió al trono en julio de 1.999 tanto el pueblo de Marruecos como la comunidad internacional depositó grandes esperanzas en que el país superases etapas pasadas e iniciase el camino de la democratización de la vida pública y de un desarrollo que alcanzase a las capas más deprimidas de la población. Diecisiete años más tarde hay que indicar claramente que condenas como las del grupo de “Gdeim Izik” y sucesos como los que se están viviendo en el Rif ponen claramente de manifiesto que, desde el punto de vista de las libertades públicas, de la construcción de un estado respetuoso con la pluralidad territorial, y de poner en marcha mejoras sociales que alcancen a zonas del país tradicionalmente olvidadas, como es el caso del Rif, pocas cosas han cambiado desde los años de plomo de Hassan II. Mención aparte merece la total falta de voluntad por parte del régimen marroquí por avanzar en la búsqueda de una solución para el Sahara Occidental respetuosa con las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Y todo ello sucede frente a nuestras costas, con total falta de implicación por parte de las autoridades europeas, españolas y andaluzas, que siguen considerando a este Marruecos un socio privilegiado pese a las continuas y obvias violaciones de derechos humanos que se revelan claramente en este tipo de circunstancias.

Desde Podemos Andalucía no queremos permanecer indiferentes. No nacimos para eso. Por lo que reiteramos nuestra denuncia a las violaciones de derechos humanos y conducta represiva al que el actual régimen de Marruecos somete tanto a su pueblo como al pueblo saharaui; demandamos la anulación de los juicios a los activistas de Gdeim Izik, el establecimiento de una investigación independiente en el marco de Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas saharauis y la exigencia de que estas demandas sean transmitidas por parte del Gobierno de España al Reino de Marruecos”; exigimos la puesta en libertad de los y las activistas rifeños y rifeñas y el diálogo acerca de las justas demandas del Movimiento Popular del Rif y, de esto nunca nos cansaremos, un avance real en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el proceso de autodeterminación del Sahara Occidental.

Desde Podemos Andalucía también denunciamos la connivencia de la comunidad internacional con estos atropellos, especialmente de la Unión Europea, del Gobierno español, que tiene una responsabilidad manifiesta sobre la situación del Sahara Occidental, sin olvidar a la Junta de Andalucía, que, muy particularmente durante el actual mandato de Susana Díaz, no ha dejado de estrechar lazos comerciales con el Reino de Marruecos sin realizar ningún movimiento resuelto a favor de la autodeterminación del Sahara Occidental.