Podemos denuncia ante los tribunales el supuesto fraude de la Fundación Guadalquivir Futuro

1 diciembre, 2016

  • Más de una treintena de trabajadores contratados con fondos públicos eran obligados a devolver parte de su salario en concepto de ‘donación’ a las fundaciones y asociaciones que los contrataban
  • Las tres entidades involucradas están lideradas por destacados dirigentes del PSOE de Córdoba y –pese a estar sancionadas por prácticas irregulares- siguen recibiendo subvenciones públicas

El grupo parlamentario Podemos Andalucía ha presentado hoy una denuncia ante el juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba contra las entidades Fundación Guadalquivir Futuro, Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir y Asociación Jóvenes para el Futuro, y sus gestores Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y Alejandra Pérez. En el escrito legal, Podemos expone las prácticas de gestión irregular de fondos públicos realizadas desde las citadas entidades y aporta pruebas documentales de los hechos fraudulentos para que la Fiscalía inicie de oficio una investigación.

Según expone la formación en su denuncia, entre los años 2014 y 2016, las entidades denunciadas fueron beneficiarias de subvenciones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba con carácter estrictamente finalista y reglado. En concreto, y dada la importancia de sus fines y cuantía, resultan destacables los importes percibidos para el desarrollo de actividades en el marco del programa [email protected], dirigido a la contratación y fomento del empleo en zonas con elevados índices de paro y pobreza. Dichos programas otorgan subvenciones destinadas al pago de las remuneraciones salariales en la contratación de menores de 25 años y mayores de 45 años con paro de larga duración.

A pesar de la intervención de la Inspección de Trabajo y de la Delegación de la Junta de Andalucía, que se ha saldado con sanciones y órdenes de reembolso de subvenciones por valor de 300.000 euros, a día de hoy las entidades siguen percibiendo fondos públicos y desde el Gobierno andaluz no se han adoptado medidas para garantizar el buen uso de los mismos, motivo por el que Podemos Andalucía ha dado el paso de denunciar ante los tribunales a la espera de que su judicialización permita conocer dónde está el dinero que los trabajadores dejaron de percibir ilegalmente y se establezcan mecanismos que garanticen el uso lícito de las subvenciones.

Entre las irregularidades detectadas, Podemos Andalucía hace especial hincapié en un posible delito contra los derechos de los trabajadores, pues existen pruebas que los responsables de estas fundaciones y asociaciones, vinculados al PSOE de Córdoba, hicieron uso de coacciones y abuso de la situación de dependencia sobre los trabajadores contratados mediante fondos públicos emanados de esos programas, a efectos de que entregaran a los contratantes al menos la cuarta parte de sus nóminas mensuales. Como explicaron los propios afectados, se les propuso que entregaran una parte de su salario simulando una donación a las entidades involucradas en el caso y, posteriormente, y con el objetivo de burlar posibles responsabilidades, se obligó a los trabajadores a firmar documentos en los que supuestamente ellos mismos solicitaban el abono de sus salarios en metálico y sin utilizar cuentas corrientes bancarias.

La investigación realizada por Podemos Andalucía calcula que alrededor de 30 trabajadores se han podido ver afectados por estas prácticas de los dirigentes de las fundaciones, restándoles cuantías mensuales equivalentes al 20 por ciento de sus salarios. “Es inconcebible que después de destaparse todo este entramado, el PSOE de Córdoba siga en silencio, ya es hora de que Juan Pablo Durán explique dónde está el dinero que han gestionado altos cargos de su partido”, ha afirmado el parlamentario de Podemos por la provincia de Córdoba, David Moscoso, quien espera que los tribunales obtengan la información que el Gobierno de Susana Díaz no ha querido facilitar a la oposición en este caso.

Por su parte, el diputado por Sevilla, Juan Moreno Yagüe, ha recordado que los delitos que presuntamente se atribuyen a los responsables de las tres entidades encajan en el artículo 311 del Código Penal y pueden ser castigados con penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses.