Podemos responsabiliza del fraude en la formación a consejeros y presidentes de la Junta desde 2004

27 septiembre, 2016

  • Chaves y Griñán dieron luz verde y mantuvieron un sistema de reparto de subvenciones defectuoso pese a las advertencias de los funcionarios de la Junta
  • La decisión de Susana Díaz de paralizar la formación ha costado a los desempleados andaluces más de 800 millones de euros y cinco años sin cursos

Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz encabezan el listado de responsables políticos del fraude en la formación según las conclusiones presentadas por Podemos Andalucía en el día de hoy ante la Comisión que investiga lo acontecido en la gestión de las subvenciones para la formación profesional desde el año 2002 hasta la actualidad. Para el portavoz de Podemos, Juan Moreno Yagüe, ésta se ha cerrado en falso pues, a pesar de constatarse una gestión irregular, deficiente y fraudulenta de los cursos de formación, la negativa del resto de grupos a escuchar los testimonios de formadores, alumnos, empresarios y sindicatos ha impedido conocer cuál fue la operativa para defraudar.

En el caso de los expresidentes, Podemos Andalucía argumenta -en base a sus propios testimonios- que fueron conocedores de la pésima gestión de la formación y facilitaron la consolidación de un modelo de concesión de subvenciones no sujeto a criterios racionales ni objetivos, lo que propició el crecimiento de redes clientelares y ánimo de lucro en torno a la actividad formativa. Asimismo, y pese a las advertencias de los funcionarios que hicieron llegar a sus superiores la necesidad de incrementar el personal especializado, jamás adoptaron medidas en este sentido.

Por su parte, a la actual presidenta, Susana Díaz, corresponde la responsabilidad de paralizar los cursos de formación -según sus propias palabras en el Parlamento de Andalucía- y, en consecuencia, la pérdida de 800 millones de euros en concepto de presupuesto de formación que la Junta ha dejado de ingresar en los últimos cinco años. En su informe de conclusiones, Podemos recuerda que, según el artículo 40 de la Constitución Española, la formación profesional no sólo es un derecho de la ciudadanía sino un deber a facilitar por parte de los gobernantes, artículo éste que ha sido incumplido por la presidenta Susana Díaz durante un periodo de cinco años sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia para un millón de personas desempleadas en Andalucía.

Por otra parte, el listado de dirigentes políticos señalados en las conclusiones de Podemos lo completan la totalidad de consejeros de Economía y/o Empleo competentes en materia de Formación durante los años investigados, incluyendo al actual titular de la consejería, José Sánchez Maldonado, éste último responsable de bloquear la investigación al no enviar a la comisión la información solicitada por los grupos y cuya existencia ha sido corroborada por numerosos comparecientes. Respecto a los exaltos cargos José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, Antonio Ávila han de asumir -en opinón de Podemos Andalucía- su responsabilidad por no adoptar medidas correctivas en el procedimiento de adjudicación de subvenciones -pese a las voces internas de alarma- y generalizar el procedimiento de exceptuación para entidades que no justificaron las ayudas percibidas, convirtiendo un instrumento administrativo para casos puntuales en una palanca que disparó el fraude.

PDF descargable: INFORME DE CONCLUSIONES COMPLETO