PSOE-A y C’s vetan la Oficina Anticorrupción de Andalucía

22 septiembre, 2016

  • El bloque inmovilista del Parlamento (PSOE y C's) se posiciona contra la iniciativa de Podemos Andalucía pese a que ambas la usaron como promesa electoral
  • Los casos ERE y Formación han hecho perder a los andaluces más de 1.500 millones de euros en los últimos años

El bloque inmovilista del Parlamento de Andalucía, compuesto por PSOE y C’s, ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos Andalucía para la creación de una Oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, una propuesta elaborada en los mismos términos que la oficina anticorrupción de Valencia cuya tramitación sí fue aprobada con el apoyo de Podemos, Compromis y PSOE. La propuesta contó con los votos a favor de Podemos e IU y la abstención del Partido Popular.

Esta oficina, que tendría un coste anual de 3,1 millones de euros y entraría en vigor el 1 de abril de 2017, cuenta entre sus funciones prevenir la corrupción identificando riesgos y conflictos de intereses que pudieran existir en la actuación de la administración pública y proponiendo prácticas de buen gobierno. Además, realizaría labores de investigación de posibles actuaciones ilícitas e irregulares, e investigaría la provisión de puestos que no hayan respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.

De la misma manera, evaluaría todas las actuaciones en materia anticorrupción que se hacen en Andalucía, así como garantizaría la protección a los denunciantes de casos de corrupción, por lo que aboga por establecer mecanismos seguros para garantizar su anonimato.

El ámbito de aplicación de la ley sería la Junta, los organismos adscritos, las administraciones locales y cualquier persona, jurídica o física, destinataria de fondos públicos; y también contaría con capacidad sancionadora para aquellas personas o entidades que nieguen la colaboración en investigaciones o dificulten la aplicación de recomendaciones de la oficina, que estaría compuesta por unos 60 funcionarios más el director.

La proposición establece distintos grados de sanción, desde la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la propuesta de cese en el cargo, la suspensión administrativa para ejercer cargos similares por un periodo de hasta tres años y multas de hasta 30.000 euros.

Según ha explicado el parlamentario de Podemos por Sevilla, Juan Ignacio Moreno Yagüe, el coste económico de la corrupción es «demasiado caro» y «nos destroza los presupuestos y los bolsillos», asegurando que «cada vez que hay un acto de corrupción hacemos que los contribuyentes estén pagando dinero para nada».

En este sentido, ha citado además a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para subrayar que la creación de una oficina anticorrupción era un compromiso de su discurso de investidura que además «se ha repetido en diversas comparecencias», y con esta proposición «no hacemos más que cumplir los deseos de todos los grupos políticos» y «pasar de las palabras a los hechos».

«¿De verdad creen que vamos a parar la corrupción solo con palabras?», ha preguntado Moreno Yagüe, que ha defendido que la oficina que plantea Podemos sea «una institución dependiente del Parlamento» y así «absolutamente independiente de todos» los grupos, y ha apuntado que se antoja como «la mejor solución» para combatir la corrupción en un momento en el que «no tenemos dinero ni para arreglar los aires acondicionados de los juzgados» y, por tanto, para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la Administración de Justicia con ese fin.